Carta blanca para Turquía y otros

RPNews // 19 julio 2018 – Joan Gavaldá

El pasado 7 de julio se conmemoró el segundo aniversario del golpe de estado “fallido” en Turquía. Es bien curioso que, en la historia reciente y en diversas partes del planeta, cuando un sistema político no se siente debidamente legitimado, sea sometido a un intento de “golpe de estado” claramente fallido que sirve para que el gobierno de turno pueda legitimar su autoridad ante la ciudadanía. Recordemos la España del 23 de febrero de 1982, pasando por la Rusia del 19 de agosto de 1991, o la Turquía del 7 de julio de 2016.

La actual Turquía nace el 29 de octubre de 1923 en forma de república. Tras el final del período de partido único (CHP) en 1945, el período comprendido entre los años 1960 y 1980 fue particularmente marcado por períodos de inestabilidad política que desembocó en una serie de golpes militares. Aún así, debido a su posición estratégica geográficamente hablando, a caballo de Oriente Medio y Europa, ha sido un territorio muy apreciado por occidente. A su vez, Turquía es un aliado tradicional de EUA, formando parte de la OTAN. Su relación con la UE, sin formar parte de ella, tiene unos acuerdos tan favorables que casi se puede decir que es un miembro de la UE sin serlo de pleno derecho.

A Turquía siempre se le ha recriminado la falta de interés real en la defensa de los derechos humanos, pero a su vez la UE la utiliza como escudo o muro de las migraciones de Oriente Medio hacia Europa.

Recep Tayyip Erdoğan es el actual presidente de Turquía desde 2014. Ya en su primer día de mandato manifestó la voluntad de modificar la constitución para instaurar un sistema presidencialista que centralizara competencias que hasta entonces recaían en el ejecutivo. Como los resultados electorales de junio de 2015 no dieron el apoyo suficiente para formar gobierno y ante el fracaso de la oposición de ponerse de acuerdo para formar uno nuevo, Erdoğan convocó nuevas elecciones generales para el 1 de noviembre de ese mismo año, en las cuales su partido (AKP) recuperó la mayoría necesaria en el parlamento para formar, ahora sí, un gobierno y allanar el camino para el cambio de la Constitución con el fin de instaurar dicho régimen presidencialista.

Con esta perspectiva, más el avance de las primaveras árabes del norte de África y una creciente oposición más organizada, el 7 de julio de 2016 se produce un intento de Golpe de Estado mientras el presidente Erdoğan está de vacaciones. En la madrugada del 16 de julio de 2016, la agencia de inteligencia turca (MIT) dio por fracasado el alzamiento militar. Según fuentes oficiales el ataque de los golpistas al Parlamento turco dejó doce parlamentarios fallecidos, un total de 290 víctimas, 47 civiles, y el resto militares sublevados y policías leales al presidente. Alrededor de 1.400 personas resultaron heridas.

Con la excusa de este “Golpe de Estado” la Presidencia turca empezó una campaña de depuración de personas, deteniendo a 754 militares, incluyendo a oficiales de altos rangos, en las primeras horas posteriores al intento de golpe de estado y a más de 20.000 en las siguientes semanas, entre ellas profesores de universidad, funcionarios, militares, policías, etc. acusados de rebelión y alta traición. Justo el día después de la celebración del segundo aniversario del golpe de estado frustrado, el pasado 8 de julio, el Gobierno turco ordenó el despido de 18.632 funcionarios, en su mayoría militares y policías, por supuestos vínculos con organizaciones que amenazaban la seguridad del Estado. La purga aún dura 2 años después.

Entre tanto, el 16 de abril de 2017, Erdoğan organizó y ganó el referéndum para otorgar más poder al presidente de la república, mediante el cual Turquía pasaba a ser un sistema presidencialista. El pasado 24 de junio de 2018 se celebraron las primeras elecciones del nuevo sistema. La oposición se supo organizar alrededor de un candidato, Kemal Kilicdaroglu, pero no obtuvo los suficientes votos como para derrotar a Recep Tayyip Erdoğan.

Estos comicios fueron muy criticados por organizaciones internacionales para la transparencia en procesos electorales y los observadores internacionales a priori no se atrevían a acreditar un mínimo de garantías para validar los resultados sin interferencias gubernamentales. Aun así, tras ganar las elecciones, ningún estado se ha atrevido a no reconocer los resultados. Tras la victoria el nuevo presidente se siente con fuerza para seguir con mano de acero contra sus opositores. Por ejemplo, al líder Kemal Kilicdaroglu se le impuso una multa por calificar de «dictador» a Erdoğan durante la campaña electoral. O condenar a más de 11 meses de cárcel a la cantante y actriz Zuhal Olcay por “insultar” al presidente en una de las letras de sus canciones y dedicarle una peineta durante un concierto, en una sentencia emitida el pasado jueves 12 de julio.

Comparando la situación actual, salvo por el golpe de estado fallido hace dos años, algunos hechos que están sucediendo en Turquía tienen un cierto paralelismo con España. Solo la respuesta del estado español hacia los líderes y miembros de gobierno de Cataluña ante la desobediencia pacífica al Tribunal Constitucional de suspender el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 ha causado 1.170 represaliados, 9 exiliados, 13 encarcelados, 179 ciudadanos procesados (entre ellos profesores, un payaso, humoristas, etc.), 259 trabajadores públicos cesados, 712 alcaldes procesados y más de 1.000 heridos el día del referéndum.

Aunque muchos dirán que es la respuesta lógica contra los independistas, la represión de España frente a los derechos civiles más fundamentales se manifiesta con las cargas policiales hacia los vecinos que protestaban en Murcia por el trazado del AVE, las sentencias contra la libertad de expresión de los raperos Haesel o Valtonyc, el intento de encausar por apología de terrorismo a los titiriteros “Compañía Títeres desde abajo” o a los chicos de Alsasua, etc.

¿Pero se puede establecer alguna correspondencia entre Turquía y España, y la bula o carta blanca que parecen tener frente a la UE? ¿No será que la Unión les necesita para hacer el trabajo sucio de control de la migración en el sur, a cambio de hacer la vista gorda y tolerar aquello que no toleraría en países como Polonia, Austria o Hungría?

Joan B. Gavaldà – Politólogo

@joangavalda

 

 

Aclaración o Nota: Si alguien tiene dudas en contextualizar un golpe de estado o una rebelión que mire la cifra de heridos, muertos, uso de armas y militares o grupos violentos.

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